Las afugias de los Curadores Urbanos

 

Se me ha pedido que escriba algunas notas a propósito de los 20 años de existencia de la figura del curador urbano, figura única en el mundo, lo que en sí mismo implicaría la necesidad de hacer una honda reflexión sobre su validez y pertinencia, asuntos que, al parecer, a nadie le interesa abordar.

Hay que empezar por decir que desde un principio, la existencia de un particular encargado de expedir licencias urbanísticas causó escozor principalmente entre las oficinas de planeación y los urbanistas; mientras que fue del agrado de CAMACOL y los constructores en general, por la agilidad que la figura prometía; tampoco fue bienvenida entre los políticos por la pérdida de poder que implicaba perder la capacidad de manejar los asuntos propios de la aplicación normativa en los despachos públicos, especialmente en lo relativo al licenciamiento. Sin embargo, relativamente pronto las preferencias parecieron cambiar y mientras algunas oficinas de planeación, especialmente las de las grandes ciudades, vieron en el alejamiento del trámite de licenciamiento la posibilidad de dedicarse a su misión principal, es decir, la planificación del territorio, los constructores empezaron a quejarse por los altos costos derivados de la expedición de las licencias, en particular los correspondientes a las expensas devengadas por los curadores urbanos, quienes muy pronto adquirieron la imagen de magnates multimillonarios, lo que a su vez dio inicio a que se generara mala imagen, ya no solo ante los constructores, sino ante la ciudadanía en general, mala imagen que desde entonces los curadores cargan a cuestas, así no sea fácil reconocerlo. A esto debe agregarse la falta de unificación de criterios en la aplicación de las normas urbanísticas por parte de los curadores de una misma ciudad, por lo que un proyecto que de ninguna manera aprobaba un curador, a renglón seguido era aprobado por otro; independientemente de quién tuviera la razón se creó el ambiente en la opinión pública de que la aplicación de las normas era negociable y que algunos curadores se enriquecían en esa negociación.

Todo lo anterior resulta duro de aceptar, pero es absolutamente real, más allá de lo que los curadores puedan sentir u opinar; sin embargo, muy pocos curadores han sido sancionados por faltar a su deber y nos consta que en la mayoría de las veces en que ello ha ocurrido es porque alguien se encarga de torcer o forzar la ley para obtener ese resultado.

En este escenario, es necesario volver a los políticos, quienes desde un principio, como dije, veían obstaculizada su capacidad de manipulación y presión; pues bien, una vez empezó a aparecer en el escenario el mal ambiente en contra de los curadores, aquéllos se encargaron, a través de sus medios de comunicación amigos, de magnificarlo, ya no solo señalando eventuales errores de un curador sino trasladando ese error a todo el universo de curadores, a la vez que empezaron a culparlos de no hacer control urbano, a pesar de saber que éste no era de su competencia; los propios alcaldes y oficinas de planeación, que son parte del estamento político, algunas de éstas más, otras menos, vieron en los curadores el chivo expiatorio para justificar su desidia y negligencia en la aplicación del control urbano. Y dentro de este panorama, la entidad encargada de coordinar a los curadores urbanos y trazarles línea, cada vez se fue alejando más de ellos, tal como ya en 2012 lo había señalado el anterior presidente del Colegio, Farid Numa Hernández, en su artículo ¨La historia no revelada del curador urbano¨. Para esa fecha ya el ministerio, de consuno con CAMACOL, había asestado un fuerte golpe a las finanzas de los curadores, con la expedición de los decretos 564 de 2006 y 1469 de 2010, que redujeron sustancialmente las expensas; nadie niega que la fórmula inicial del cobro de expensas tenía mucho de irracionalidad, pero las nuevas fórmulas también la tienen y han puesto a tambalear la sostenibilidad de los curadores, especialmente en los municipios pequeños y medianos; bástenos como ejemplo el artículo de Augusto Orozco publicado en el periódico El Pilón, denominado ¨Curadurías de Valledupar a punto de cierre¨, que es todo un llamado de auxilio.

Este estado de cosas venía produciendo desazón en los curadores, algunos de los cuales achacaron a las directivas del Colegio una supuesta falta de acción, acusación que yo en lo personal no comparto, pero que no dejó de producir una crisis en el Colegio, que vio reducido de manera significativa el número de miembros y sus ingresos, aparte de que se produjeron resquemores, o conflictos, o desavenencias, entre los mismos curadores.

Pero como todo es susceptible de empeorar, vino un golpe demoledor el 12 de octubre de 2013: el derrumbe del edificio Space. Todas las personas que algo conocen de construcción saben a ciencia cierta que esa tragedia no se debió a la aprobación del curador, sino a maniobras fraudulentas y poco éticas de la sociedad constructora, del constructor, del ingeniero (re)calculista y del interventor, entre otros. Pero no, el inmediatamente señalado fue el curador urbano que expidió la licencia, quien además fue el único de los involucrados que fue conducido a la cárcel, de manera absolutamente injusta, como quedó demostrado en la sentencia en la que fue absuelto. A las demás personas no las persiguió la justicia; el único que tomó acciones al respecto fue el COPNIA, cancelando de por vida la matrícula a Jorge Aristizábal, diseñador estructural, a Edgar Ardila, revisor estructural y a otras tres personas, con suspensiones temporales. Obviamente, si ya los curadores venían siendo señalados, esta tragedia cayó como anillo al dedo para aquellos interesados en denostar de los curadores, políticos y periodistas entre ellos. Pero viene lo más absurdo.

¿Cuál fue la actitud de CAMACOL y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? En un primer momento, el ministro de entonces, de manera inmediata y directa responsabilizó al curador urbano, a quien puso en la picota pública, antes de hablar de otros posibles responsables; en reunión sostenida por la junta directiva del Colegio con su viceministro, éste lo negó, pero están las pruebas documentales. CAMACOL, como siempre, adujo defender la figura del curador urbano, pero dejó un pesado manto de duda sobre el curador Carlos Ruiz; eso sí, se encargó de no hacer mención alguna sobre la constructora ni sus profesionales; cabe decir que CDO es uno de los principales asociados de CAMACOL en Antioquia. Como el que calla otorga, no decir nada sobre el constructor, pero sí hacer comentarios sobre el curador, lleva a pensar que el verdadero responsable es éste. A renglón seguido salen el ministerio y la entidad gremial, junto con Fasecolda, con un proyecto de ley de vivienda segura, cuyo cuerpo principal lo ocupan disposiciones relativas a los curadores urbanos. Si CAMACOL se opuso a algo de la ley no fue en relación con el largo contenido relativo a los curadores, sino a la póliza, su valor y las consecuencias que podría tener en el valor de la vivienda. Para quienes asistimos a reuniones, fue claro que el ministerio y CAMACOL eran los creadores conjuntos de la ley, especialmente en el tema de curadores. Y que salir con ese proyecto de ley en ese momento, reglamentando a los curadores, no era más que decir que los curadores eran, y son, un factor de inseguridad en las edificaciones; aunque lo nieguen, a la figura que dicen querer le asesta una puñalada por la espalda y ese es el sentimiento general de los curadores.

Quienes estábamos en la junta directiva del Colegio nos encontramos en una disyuntiva muy clara: permanecer silenciosos esperando que cualquier responsabilidad recayera exclusivamente sobre Carlos, máxime cuando ni él, ni ninguno de los curadores del Valle de Aburra eran miembros del Colegio, o lanzarnos de frente a poner la cara y defender, no solo la figura del curador, sino el derecho de Carlos a no ser condenado sin seguir el procedimiento debido, así no fuera miembro del Colegio. No hubo duda alguna; todos a una decidimos la segunda opción y, para que fuera más relevante la toma de posición, decidimos realizar una junta directiva en Medellín, invitando a ella a todos los curadores del Valle de Aburra; se exploró la posibilidad de lograr presencia de los medios de comunicación en la reunión y la arquitecta Ángela Restrepo, curadora de Medellín se ofreció a llevar la mayor cantidad de medios posible a la cita. En efecto, el día 18 de octubre se realizó la junta, con asistencia de todos los curadores del Valle de Aburra quienes, supongo yo, sintieron la solidaridad del Colegio, ya no con sus miembros sino con cualquier curador; Angela cumplió su promesa y varios de los medios de comunicación, tanto televisivos, como radiales y de prensa escrita, estuvieron presentes y logramos ser escuchados; no faltaron preguntas capciosas de algunos periodistas, pero estábamos bien preparados, tanto que a algún medio radial de una importante cadena, interesada en culpar a toda costa al curador y liberar de responsabilidad a los constructores, la cosa no les estaba saliendo bien en la transmisión en directo y decidieron dejar a su periodista con la palabra en la boca, sin poder dar por terminada cortésmente la entrevista, como era lo indicado. En esa reunión se tomó la decisión de publicar un aviso de media página en El Tiempo y se pidió una cuota voluntaria a los curadores fueran o no miembros del Colegio; esa publicación se realizó el día 30 de octubre de 2013 y su contenido fue reproducido en plegables que fueron enviados a cada uno de los curadores del país, para que lo repartieran entre sus usuarios. Esto a su vez generó el interés de los medios de comunicación en Bogotá y es así como fui invitado a un programa de Televisión de Caracol Internacional, presentado por Darío Arizmendi, con la participación de Juan Martín Caicedo Ferrer y la presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Quiso la diosa fortuna que la arquitecta se demorara en llegar y mientras la esperábamos tuve la oportunidad de conversar con los señores, quienes tenían ya definida la orientación del programa, muy en contra de los curadores; especialmente por parte de Caicedo Ferrer, quien se sentía traicionado ya que él había sido ponente de la ley 388 de 1997, que si bien no creó los curadores urbanos, sí los retomó y defendió su existencia. Alcancé a aclararles muchos puntos grises, de manera que logré el cambio de posición de ellos y, por ende, el programa no habló mal de los curadores en general y, en cambio, sí hizo énfasis en la falta de control urbano. Así mismo en un programa de Red Más Noticias, que empezó con una fuerte carga contra los curadores, a medida que fue transcurriendo se logró el cambio de percepción por completo.

Adicionalmente, a partir del proyecto de ley se trabajó fuertemente para eliminar muchos puntos inconvenientes, para aclarar aspectos dudosos y para tratar de mejorar las condiciones de los curadores. Se sostuvieron reuniones con el ponente de la ley, quien prometió introducir esos cambios; no obstante, el lobby del ministerio y la Superintendencia no permitió la mayoría de lo prometido; entre otras cosas, que de manera similar a los notarios, los curadores solamente tuvieran el control de la Superintendencia y, obviamente de la Procuraduría; pero lo que resultó fue un control más que, aparte, parece será muy costoso.

Pero después de la oscuridad hay luz al final del túnel. Todos esos documentos y actuaciones se pusieron a circular entre los curadores y se logró un efecto positivo; varios curadores del país manifestaron su deseo de vincularse al Colegio y poco a poco, el número de 29 que había en 2012 se subió a 45 para la fecha en que dejé de ser presidente del Colegio en 2016; ahora éste cuenta con 56 miembros, entre los cuales 2 excuradores. Dejo constancia que esos resultados no se deben a la gestión exclusiva del presidente, sino al esfuerzo de toda la junta directiva y de quienes sin ser miembros de ella le colaboran.

¿Quiere decir lo anterior que ya estamos libres de problemas? De ninguna manera. Son muchos los fantasmas que nos asechan; pero sí quiere decir que entre más curadores formen parte del Colegio, más unión hay y mejores actuaciones conjuntas se pueden llevar a cabo. Ante la desidia y nulo interés del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en la presentación de la Ley de los Curadores Urbanos, que está prevista desde la ley 810 de 2003, se ha intentado en varias ocasiones interesar a algunos de los congresistas para que lo hagan, pero ha sido infructuoso el esfuerzo; a pesar de ello debe persistirse en él; un Colegio fuerte y representativo de la gran mayoría, y ojalá de todos los curadores del país, podrá poner posiciones más firmes en cualquier mesa.

Eso sí, debe evitarse hacer señalamientos o afirmaciones que puedan producir confrontación entre los curadores y, si es necesario controvertir a alguno, o incluso llamarlo al orden, hacerlo de manera personal y respetuosa, pues de lo contrario se termina resquebrajando la unidad buscada. Y si se hacen propuestas, éstas deben ser asertivas y concretas y no solamente tendientes a producir un golpe de escena, pero sin contenido alguno sobre el cuál construir o discutir.

Pero también hay que buscar poner en el debate público la necesidad de tener o no curadores urbanos. Hay que relegitimar la figura o propugnar por su desaparición; es necesario obligar a CAMACOL a pronunciarse de manera pública, frontal y sin ambages sobre la figura y a que sus actuaciones sean consecuentes con su posición pública. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe confesar si aún le interesa la existencia de los curadores urbanos y, si es así, exigirle que la defienda en lugar de atacarla cada vez que surge un problema con una obra que se cayó o que aparece una edificación que tiene mayor altura que la que desearía la ciudadanía pero que las normas así lo permiten. A la Superintendencia que muestre las pruebas de todas las acusaciones que el Superintendente encargado, y al parecer próximo titular, ha hecho; y si no las tiene, que se abstenga de hacer política con los curadores. A las oficinas de Planeación, que confiesen si lo que les interesa es retomar el trámite de licenciamiento y si la nueva Curaduría Cero es el primer paso en pos de ese objetivo. A los alcaldes, que manifiesten categóricamente si lo que les interesa es tener curadores de bolsillo a quienes puedan nombrar libremente, sin mediar concurso de méritos alguno. A los entes de control, que informen qué seguimiento han hecho a las licencias y edificaciones en los más de mil municipios que no cuentan con curadores urbanos, así como el porcentaje de licencias en los que han encontrado irregularidades imputables a los curadores y si ese porcentaje es tan significativo como para justificar la desaparición de la figura. Finalmente, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a la de Ingenieros, que han brillado por su ausencia en esta materia, que dejen de hacerlo y se pronuncien al respecto; y no solo sobre la figura en sí misma, sino sobre la pertinencia de que la función la desempeñen profesionales diferentes a ingenieros y arquitectos. Y a los políticos, que de manera pública se manifiesten.

Dr. Ernesto Jorge Clavijo Sierra
Ex Curador Urbano
Vicepresidente CNCU 2012-2013
Presidente CNCU 2013-2016